Inquietante formación
CGT-CAT denuncia la utilización fraudulenta de los fondos de formación. Renunciamos a participar, aún teniendo derecho, porque es un sistema viciado y porque defendemos un sistema público de formación continua
A pesar de las noticias e imputaciones sobre los ERES (procedimiento en el que se ha aceptado la personación de CGT para ejercer la acción popular) y la utilización fraudulenta de los fondos de formación, se publica en elBOE 21-10-2013 la resolución de 9 de octubre, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se publica el acuerdo de formación para el empleo de las administraciones públicas (aparece también en las notas de la UNIP), que no establece ningún mecanismo eficaz de control sobre los fondos y su utilización.
Y cómo no, en esa resolución, primero se vierten términos tan rimbombantes y bonitos como “el valor de la formación como creación de cultura y valores, de progreso personal y profesional y de transmisión y conservación de conocimientos”. Después se reconocen “derechos” como el fomento y acceso universal y continuado y se“anuncia” un sistema que garantice la eficiencia y eficacia en el desarrollo de toda la actividad formativa…..pero resulta que en los cursos que impartan las organizaciones sindicales, ellos asumirán “la responsabilidad última de la selección de los participantes”. Por tanto los concesionarios serán exclusivamente ellos, los de siempre, sin control administrativo alguno que garantice un reparto transparente (público), equitativo y justo de esos cursos a todos los funcionarios, (nº de peticiones, personas peticionarias, cursos adjudicados a cada personas, criterios de selección y concesión, etc.). Pues la nueva resolución no regula ni establece criterios de control sobre la selección de los participantes, aunque eso sí, prohíbe la utilización de criterios de afiliación para la selección, cuando dice: “la afiliación o no afiliación sindical, en ningún caso constituirá un criterio de selección”…….¿pero cómo se garantiza esto?... ¿alguien ajeno controla la correcta selección y adjudicación?... ¿se cumple y es cierto?.......no podemos la mano en el fuego y además…… algún sindicato en la solicitud ya obliga a indicar si se es o no afiliado……..lo qué si sabemos y se reconoce es que estos fondos provienen de las cuotas de formación de los empleados públicos y serán además valorados cómo méritos en los diversos concursos y por tanto tenemos derecho a exigir un control sobre los mismos de los que ahora carecemos.
Y cómo no, en esa resolución, primero se vierten términos tan rimbombantes y bonitos como “el valor de la formación como creación de cultura y valores, de progreso personal y profesional y de transmisión y conservación de conocimientos”. Después se reconocen “derechos” como el fomento y acceso universal y continuado y se“anuncia” un sistema que garantice la eficiencia y eficacia en el desarrollo de toda la actividad formativa…..pero resulta que en los cursos que impartan las organizaciones sindicales, ellos asumirán “la responsabilidad última de la selección de los participantes”. Por tanto los concesionarios serán exclusivamente ellos, los de siempre, sin control administrativo alguno que garantice un reparto transparente (público), equitativo y justo de esos cursos a todos los funcionarios, (nº de peticiones, personas peticionarias, cursos adjudicados a cada personas, criterios de selección y concesión, etc.). Pues la nueva resolución no regula ni establece criterios de control sobre la selección de los participantes, aunque eso sí, prohíbe la utilización de criterios de afiliación para la selección, cuando dice: “la afiliación o no afiliación sindical, en ningún caso constituirá un criterio de selección”…….¿pero cómo se garantiza esto?... ¿alguien ajeno controla la correcta selección y adjudicación?... ¿se cumple y es cierto?.......no podemos la mano en el fuego y además…… algún sindicato en la solicitud ya obliga a indicar si se es o no afiliado……..lo qué si sabemos y se reconoce es que estos fondos provienen de las cuotas de formación de los empleados públicos y serán además valorados cómo méritos en los diversos concursos y por tanto tenemos derecho a exigir un control sobre los mismos de los que ahora carecemos.
La postura de CGT-CAT en este tema, sigue siendo la misma: renunciamos a participar en los planes formativos (a los que tendríamos derecho en varios ámbitos tras sentencias constitucionales). Nos parece un sistema viciado, destinado no a formar, sino a “gratificar”. Como firmes defensores que somos de la enseñanza pública, creemos que la formación ha de impartirse por la propia administración y no concertarse con empresas privadas, organizaciones patronales y sindicales. Los sindicatos han de limitarse a controlar que su práctica se realice con criterios objetivos, en igualdad de condiciones para todos, sugerir los cursos que puedan interesar al personal y luchar por la instauración de una escuela pública de formación continua para el sector público dispensada por empleados públicos convenientemente remunerados. Mientras esto no sea así, entendemos que este tipo de formación está viciada en origen, y el que además puntúe de cara a los méritos de los distintos concursos nos parece una evidente injusticia.
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