Desde CGT nos preocupa ante todo la pasividad con la que los sindicatos más poderosos económicamente asisten ante tal cantidad de denuncias por malversación de los millones de euros que reciben anualmente por mantener la boca cerrada ante la auténtica degeneración de las condiciones laborales en España. Y es que estamos hartos de saber que estos sindicatos mayoritarios no hacen nada más que poner la mano. Ya en la era Zapatero callaron ante los recortes más tenebrosos (aprovecho el término por las fechas) de la democracia; simplemente se acomodaron en sus sillones y para eso no están los sindicatos.
CGT Ministerio del Interior quiere que de una vez por todas los trabajadores entiendan que NO TODOS LOS SINDICATOS SON IGUALES.
CGT no tiene ni la cobertura mediática (estamos prácticamente vetados) ni publicitaria que tienen otros gracias a suculentas subvenciones; CGT no está para figurar. CGT está PARA DAR LA CARA por los trabajadores en general pero sobre todo en cada caso particular; sí, esos casos que no interesan a los mayotritarios porque no repercuten en votos. Ahí es donde CGT aparece para seguir trabajando con los medios de un sindicato humilde pero auténtico en sus valores.
Por cierto, en una cosa sí somos iguales: no lo sabe casi nadie, pero CGT es en el Ministerio del Interior para Personal Laboral SINDICATO MAYORITARIO al ser el SEGUNDO SINDICATO MÁS VOTADO POR VOSOTROS. Algún día os contaré cuál fue la respuesta del resto de sindicatos cuando se quedaron atónitos una vez más al ver que los trabajadores del Ministerio del Interior no hacían caso al despliegue propagandístico del resto de sindicatos.
Hacemos cosas mal, claro. Pero no os preocupéis, en ello estamos y aquí seguimos. Salud
miércoles, 30 de octubre de 2013
CGT-CAT DENUNCIA LA UTILIZACIÓN FRAUDULENTA DE LOS FONDOS DE FORMACIÓN
Inquietante formación
CGT-CAT denuncia la utilización fraudulenta de los fondos de formación. Renunciamos a participar, aún teniendo derecho, porque es un sistema viciado y porque defendemos un sistema público de formación continua
A pesar de las noticias e imputaciones sobre los ERES (procedimiento en el que se ha aceptado la personación de CGT para ejercer la acción popular) y la utilización fraudulenta de los fondos de formación, se publica en elBOE 21-10-2013 la resolución de 9 de octubre, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se publica el acuerdo de formación para el empleo de las administraciones públicas (aparece también en las notas de la UNIP), que no establece ningún mecanismo eficaz de control sobre los fondos y su utilización.
Y cómo no, en esa resolución, primero se vierten términos tan rimbombantes y bonitos como “el valor de la formación como creación de cultura y valores, de progreso personal y profesional y de transmisión y conservación de conocimientos”. Después se reconocen “derechos” como el fomento y acceso universal y continuado y se“anuncia” un sistema que garantice la eficiencia y eficacia en el desarrollo de toda la actividad formativa…..pero resulta que en los cursos que impartan las organizaciones sindicales, ellos asumirán “la responsabilidad última de la selección de los participantes”. Por tanto los concesionarios serán exclusivamente ellos, los de siempre, sin control administrativo alguno que garantice un reparto transparente (público), equitativo y justo de esos cursos a todos los funcionarios, (nº de peticiones, personas peticionarias, cursos adjudicados a cada personas, criterios de selección y concesión, etc.). Pues la nueva resolución no regula ni establece criterios de control sobre la selección de los participantes, aunque eso sí, prohíbe la utilización de criterios de afiliación para la selección, cuando dice: “la afiliación o no afiliación sindical, en ningún caso constituirá un criterio de selección”…….¿pero cómo se garantiza esto?... ¿alguien ajeno controla la correcta selección y adjudicación?... ¿se cumple y es cierto?.......no podemos la mano en el fuego y además…… algún sindicato en la solicitud ya obliga a indicar si se es o no afiliado……..lo qué si sabemos y se reconoce es que estos fondos provienen de las cuotas de formación de los empleados públicos y serán además valorados cómo méritos en los diversos concursos y por tanto tenemos derecho a exigir un control sobre los mismos de los que ahora carecemos.
Y cómo no, en esa resolución, primero se vierten términos tan rimbombantes y bonitos como “el valor de la formación como creación de cultura y valores, de progreso personal y profesional y de transmisión y conservación de conocimientos”. Después se reconocen “derechos” como el fomento y acceso universal y continuado y se“anuncia” un sistema que garantice la eficiencia y eficacia en el desarrollo de toda la actividad formativa…..pero resulta que en los cursos que impartan las organizaciones sindicales, ellos asumirán “la responsabilidad última de la selección de los participantes”. Por tanto los concesionarios serán exclusivamente ellos, los de siempre, sin control administrativo alguno que garantice un reparto transparente (público), equitativo y justo de esos cursos a todos los funcionarios, (nº de peticiones, personas peticionarias, cursos adjudicados a cada personas, criterios de selección y concesión, etc.). Pues la nueva resolución no regula ni establece criterios de control sobre la selección de los participantes, aunque eso sí, prohíbe la utilización de criterios de afiliación para la selección, cuando dice: “la afiliación o no afiliación sindical, en ningún caso constituirá un criterio de selección”…….¿pero cómo se garantiza esto?... ¿alguien ajeno controla la correcta selección y adjudicación?... ¿se cumple y es cierto?.......no podemos la mano en el fuego y además…… algún sindicato en la solicitud ya obliga a indicar si se es o no afiliado……..lo qué si sabemos y se reconoce es que estos fondos provienen de las cuotas de formación de los empleados públicos y serán además valorados cómo méritos en los diversos concursos y por tanto tenemos derecho a exigir un control sobre los mismos de los que ahora carecemos.
La postura de CGT-CAT en este tema, sigue siendo la misma: renunciamos a participar en los planes formativos (a los que tendríamos derecho en varios ámbitos tras sentencias constitucionales). Nos parece un sistema viciado, destinado no a formar, sino a “gratificar”. Como firmes defensores que somos de la enseñanza pública, creemos que la formación ha de impartirse por la propia administración y no concertarse con empresas privadas, organizaciones patronales y sindicales. Los sindicatos han de limitarse a controlar que su práctica se realice con criterios objetivos, en igualdad de condiciones para todos, sugerir los cursos que puedan interesar al personal y luchar por la instauración de una escuela pública de formación continua para el sector público dispensada por empleados públicos convenientemente remunerados. Mientras esto no sea así, entendemos que este tipo de formación está viciada en origen, y el que además puntúe de cara a los méritos de los distintos concursos nos parece una evidente injusticia.
martes, 29 de octubre de 2013
miércoles, 16 de octubre de 2013
CGT RECLAMA EN LA COMISIÓN EUROPEA
CGT interpone queja ante laComisión Europea
Por incumplimiento reiterado de la normativa comunitaria en materia laboral sobre el derecho al disfrute o abono de vacaciones no disfrutadas. Artículo 7 de la Directiva 2003/88/CE de 4 de noviembre de 2003.
En un país donde las autoridades y los jueces (algunos), olvidan que existe algo más allá de los Pirineos, y que desde hace años formamos parte de la Unión Europea, con normas (Directivas) de obligado cumplimiento, y donde nuestro máximos representantes están más pendientes de formar parte de Comisiones, Grupos de Trabajo y Mesas de Negociación (sin capacidad negociadora), que de exigir legalmente el cumplimiento de las normas, SE TARDAN AÑOS, como siempre, en plasmar en normas nacionales los derechos comunitarios. A pesar de existir, en este caso concreto, Sentencia de nuestro Tribunal Supremo (Sentencia de la Sala General de 24.06.2009), que confirmaban todos las afirmaciones emitidas en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea de 20.01.2009, referente al artículo 7 de la Directiva .
Para los empleados públicos, la adaptación a la Directiva se hizo solo parcialmente (tarde y mal), con el beneplácito de los sindicatos mayoritarios, en la Resolución 28.12.2012 (BOE 29.12.2012), que recoge el derecho reconocido en el Art. 7.1 de la Directiva al disfrute de las vacaciones no disfrutadas en plazo por situación de IT, maternidad o paternidad, etc. PERO NO RECOGE los derechos establecidos en el Art. 7.2, al abono de esas vacaciones cuando la relación laboral termina (jubilación, invalidez, etc) y no se han podido disfrutar las vacaciones. Anteriormente CGT, ya propuso en diversas Juntas de Personal, la necesidad de trasladar a la Mesa General de Negociación, la falta de regulación en esta materia (que fue rechazada para "no molestar" -como siempre- a nuestros nobles representantes en esa Mesa).
Y cuando los derechos no se plasman en las normas que nos afectan, la Administración tiene la excusa perfecta para seguir negándolos, contando además con el apoyo de algunos jueces (más propensos a situarse al lado de la Administración que de los ciudadanos). Por tanto, ante la falta de decisiones de unos y otros, CGT, da un paso más y eleva QUEJA ante la Comisión Europea por incumplimiento del Estado Español de la normativa europea. Queja que ya ha sido admitida a trámite, iniciándose la investigación por parte de la Comisión.
Esperemos que tomen nota, nuestros máximos representantes (bien por conocimiento directo o indirecto del problema) y lo planteen en las MESAS CORRESPONDIENTES.
En un país donde las autoridades y los jueces (algunos), olvidan que existe algo más allá de los Pirineos, y que desde hace años formamos parte de la Unión Europea, con normas (Directivas) de obligado cumplimiento, y donde nuestro máximos representantes están más pendientes de formar parte de Comisiones, Grupos de Trabajo y Mesas de Negociación (sin capacidad negociadora), que de exigir legalmente el cumplimiento de las normas, SE TARDAN AÑOS, como siempre, en plasmar en normas nacionales los derechos comunitarios. A pesar de existir, en este caso concreto, Sentencia de nuestro Tribunal Supremo (Sentencia de la Sala General de 24.06.2009), que confirmaban todos las afirmaciones emitidas en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea de 20.01.2009, referente al artículo 7 de la Directiva .
Para los empleados públicos, la adaptación a la Directiva se hizo solo parcialmente (tarde y mal), con el beneplácito de los sindicatos mayoritarios, en la Resolución 28.12.2012 (BOE 29.12.2012), que recoge el derecho reconocido en el Art. 7.1 de la Directiva al disfrute de las vacaciones no disfrutadas en plazo por situación de IT, maternidad o paternidad, etc. PERO NO RECOGE los derechos establecidos en el Art. 7.2, al abono de esas vacaciones cuando la relación laboral termina (jubilación, invalidez, etc) y no se han podido disfrutar las vacaciones. Anteriormente CGT, ya propuso en diversas Juntas de Personal, la necesidad de trasladar a la Mesa General de Negociación, la falta de regulación en esta materia (que fue rechazada para "no molestar" -como siempre- a nuestros nobles representantes en esa Mesa).
Y cuando los derechos no se plasman en las normas que nos afectan, la Administración tiene la excusa perfecta para seguir negándolos, contando además con el apoyo de algunos jueces (más propensos a situarse al lado de la Administración que de los ciudadanos). Por tanto, ante la falta de decisiones de unos y otros, CGT, da un paso más y eleva QUEJA ante la Comisión Europea por incumplimiento del Estado Español de la normativa europea. Queja que ya ha sido admitida a trámite, iniciándose la investigación por parte de la Comisión.
Esperemos que tomen nota, nuestros máximos representantes (bien por conocimiento directo o indirecto del problema) y lo planteen en las MESAS CORRESPONDIENTES.
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